Adultos mayores cuentan ahora con asesoría jurídica

Imagen con fines ilustrativos

Desde este 19 de julio de presente año, las personas adultas mayores podrán acudir al Consultorio Jurídico especializado en la atención de sus necesidades y protección de sus derechos.

Este Consultorio se encuentra ubicado en las Instalaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica(antigua Facultad de Ciencias Sociales), en la Sede Universitaria Rodrigo Facio en San Pedro de Montes de Oca y estará abierto de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 mediodía.

Mediante el servicio que brinda el Consultorio Jurídico se podrá guiar a las personas adultas mayores que requieran de asesoramiento jurídico, patrocinio letrado en gestiones judiciales y administrativas, así como consejería legal extrajudicial.

El Consultorio Jurídico que atiende a Adultos Mayores está ubicado en las 

 Universidad de Costa Rica

 Facultad de Derecho, segundo piso. 
 San Pedro de Montes de Oca, San José.

Teléfonos: 2511-1576 o 2511-1577

Horario: lunes a viernes de 8:00 a 12:00 mediodía

“Todo lo que tenga que ver en afectaciones de derechos morales, patrimoniales de esta población va a ser atendida por los consultorios jurídicos. Antes lo que hacíamos era referir, dar un consejo pero la persona adulta mayor lo que necesita es alguien que lo acompañe en el ejercicio de una denuncia o en el estudio de trámite que se le está dando a un expediente”, dijo Zulema Villalta, presidenta del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam).

Esta nueva forma de acceso a la consulta legal estará a cargo de un abogado asistente incorporado al Colegio de Abogados y quien es el encargado de supervisar a los estudiantes de derecho, quienes brindarán atención gratuita a las personas adultas mayores.

Además del convenio suscrito con la UCR, se firmó otro con participación del Sistema de Emergencias 911, el Ministerio de Seguridad Pública, la Dirección de la Policía de Tránsito y el Consejo de Trasporte Público (CPT), para la creación de un mecanismo de atención de las denuncias, que asegure un trato preferente y prioritario a la persona adulta mayor cuando sea maltratada en el uso del transporte público. Villalta explicó que esto conlleva acabar con la impunidad ante el maltrato por parte de una minoría significativa de conductores de autobús que han trasladado a la condición de objetos de abuso y maltrato a las personas adultas mayores, lesionando su dignidad.

Si en el seguimiento del caso se comprueba este tipo de abuso, el chofer en cuestión podría llegar a perder su permiso para transporte remunerado de personas, y por ende su fuente de trabajo.

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